Cableras y empresas de Internet, con Telecom a la cabeza, volvieron a reclamarle al Gobierno por haber sido declaradas servicio público y mantener congelados los servicios de telecomunicaciones.
Pidieron que el freno a los precio, considerada una "medida excepcional" en el marco de la pandemia, pueda revertirse a fin de garantizar las inversiones que el sector necesita para continuar ampliando las redes y mejorar los servicios a los usuarios.
A un mes y medio de que venza el plazo del DNU 690 respecto del congelamiento de los servicios de telecomunicaciones, las compañías de la industria no saben qué sucederá a partir del 1° de enero de 2021: si se autorizarán incrementos de precios o no, y en caso de que así sea, bajo qué premisas.
De hecho, en estos tiempos se deben definir los presupuestos para infraestructura correspondientes al año próximo y tampoco hay demasiadas novedades en ese sentido. Mientras el Gobierno ya dio señales de que las tarifas de gas y electricidad dejarán el congelamiento el año próximo, ningún funcionario afirmó nada respecto de Internet, televisión paga y telefonía móvil y fija.
El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, se limitó a asegurar que se avanzará "en la mejor reglamentación que salga", sin dar más precisiones. Es la razón por la que la impronta política está cada vez más presente cuando hay un encuentro de este sector.
La mañana del segundo día de las Jornadas Internacionales de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) estuvo plagada de datos y explicaciones sobre el funcionamiento del sector. El analista Enrique Carrier dio un panorama completo sobre las distintas decisiones que se fueron tomando desde el Gobierno una vez declaradas las restricciones de la pandemia y cómo se modificó el consumo del tráfico de Internet a partir de los nuevos comportamientos de los argentinos.
Luego fue el turno de Telecom. Roberto Nobile, CEO de la mayor empresa de telecomunicaciones del país, recordó que "el sector invirtió más de u$s20.000 millones en los últimos 10 años. Es un ecosistema compuesto por más de 1.200 empresas que dan servicio al 95% de los argentinos y genera 80.000 puestos de trabajo. Esto requiere de inversiones constantes, incluso estamos en el camino de reconvertir la red de cable a fibra", aseveró. La inversión mencionada, enfatizó, representa el 2,4% del PBI.
Y luego señaló que el decreto 690 significó un cambio abrupto en las reglas de juego de la industria.
"El DNU 690 implica un cambio abrupto, afecta tanto a los grandes como medianos y pequeños operadores. Genera asimetrías y confunde medidas coyunturales con cambios de fondo que afectan a la sustentabilidad del ecosistema TIC", agregó, aunque también se mostró confiado en la posibilidad de llegar a un diálogo amplio con el Gobierno.
Desde Supercanal, uno de los principales cableoperadores de las provincias y oriundo de Mendoza –que ostenta uno de los peores niveles de conectividad a nivel nacional- Facundo Prado manifestó la necesidad de que deje de verse al sector "desde la coyuntura del corto plazo". Si bien destacó las iniciativas del Enacom en relación al uso de los fondos de Servicio Universal para alcanzar a las zonas desfavorables, se manifestó a favor de "avanzar en un consenso de desarrollo entre todos los sectores".
Tal como suele pasar en el grueso de las conferencias virtuales que se transmiten vía streaming, Prado fue "victima" de los clásicos microcortes que sufren gran parte de los usuarios de Internet en el país. Esto muestra la necesidad de que se alcancen acuerdos amplios entre sector público y privado, ya no sólo para conectar a los "no conectados" sino también para elevar la calidad del servicio.
No al control de precios
La Red Intercable, uno de los principales protagonistas locales del encuentro, también tuvo voz en varios de sus referentes. "El DNU nos paralizó y nos sorprendió. El Gobierno debería habernos convocado para pedirnos opinión", disparó para luego asegurar que el objetivo de esa herramienta es "controlar los precios". Indicó, en este contexto, que "es el mercado y la competencia la que regula los precios".
Luego fue el turno de las Pymes, que debieron hacer propuestas para avanzar en la federalización, la conectividad y la inclusión, tres ejes en los que los tres oradores coincidieron en señalar como sobre los que siempre han trabajado.
Como era de esperar, y tal como viene sucediendo con toda la industria desde finales de agosto, cuando se emitió el DNU 690, las Pymes de telecomunicaciones defendieron su trabajo, consistente en llevar servicios a localidades de las provincias e, inclusive, del interior de ellas.
La palabra estuvo a cargo de Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Marcelo Tulissi, representante de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pyme (CACPY) y Lucio Gamaleri, vicepresidente de la Red Intercable.
Libertad de precios, reglas claras y competencia fueron tres de las medidas que consideraron urgentes para revitalizar a un sector que se encuentra atravesado por una sucesión de "noes": no al aumento de precios, no al corte de servicio a los morosos, no al acceso a ayuda estatal como los ATP, pero sí mantenimiento de servicios con aumentos de costos que se les hace cada vez más difícil de afrontar, señalaron.
Si bien no se dieron datos, en estos dos paneles se expuso la situación de Pymes de telecomunicaciones en situación de quiebra debido a lo apremiante que se les volvió la coyuntura teniendo en cuenta estas obligaciones.
Graizer, de CABASE, lo graficó de la siguiente manera. Apuntó que "el 12% de las conexiones nacionales ya son de fibra. El tráfico se incrementó en un 80% durante la pandemia, esto altera la ecuación económica dado que se cobra en pesos y se paga en dólares. Debemos lograr conexiones de calidad en las 2.600 localidades del país. Hay muchas conexiones con menos de seis megas aún, debemos mejorar eso".
El 31% de esas localidades cuentan con accesos a Internet de menos de 6 megabits de velocidad, lo que demandará un esfuerzo para ver cómo es posible elevar la calidad de servicio en esas áreas.
Cuestionamiento sobre uso de fondos
Desde CACPY, Marcelo Tulissi, subrayó que "ser servicio público no es garantía de desarrollo" y enfatizó que "debemos seguir competiendo y volver a la libertad de precios. Nacimos como servicio en competencia y así llegamos a más de 10 millones de hogares. Entendemos el congelamiento como medida de excepción, pero la excepción no debe crear una medida de fondo como convertirnos en servicio público".
Tulissi y Gamaleri cuestionaron la entrega de fondos del servicio universal para las SAPEM provinciales pues señalaron que están construyendo redes en donde ya hay además de no comprender por qué su finalidad apunta a competir con los privados.
"Nos desarrollamos durante 40 años sin ser servicio público, debemos salir del congelamiento y sentarnos a una mesa de todos. Nacimos del interior del interior. Necesitamos reglas claras. Somos esenciales pero tuvimos que soportar muchas cargas. El congelamiento de tarifas no puede sostenerse, debemos trabajar en conjunto para generar consenso", puntualizó Gamaleri.
El representante de CACPY destacó que, una vez finalizada la pandemia, será necesario que el sector se siente a una "mesa de la industria en la que se pueda planificar a 10 años para dejar la inmediatez de las medidas de coyuntura".
A finales del año pasado, las tres principales operadoras de telecomunicaciones conformaron una Mesa de la Industria TIC con el objetivo de generar un espacio de diálogo y debate con los distintos actores del sector y aportar ideas para la definición de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones.
Sin embargo, la declaración de la pandemia y las medidas que se tomaron en la Argentina a partir de marzo impidieron que se avanzara en las buenas intenciones que había trazado esa mesa conformada, en principio, por Telefónica, Telecom y Claro.
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